Uruguay busca convertirse en uno de los países más actualizados en materia de legislación sobre medios de comunicación. Así,a inicios del 2011 presentará una propuesta ante el parlamento, que pretende poner fin a los monopolios informativos, al tiempo que, propone fomentar los medios públicos y comunitarios, la programación musical nacional, así como la producción audiovisual independiente.
Gustavo Gómez, director de Dinatel, dio a conocer las bases de la discusión, acerca la referida legislación, de la cual, sostuvo que “busca la defensa de la libertad de expresión y la no injerencia estatal o comercial en los medios”.
“La actual Ley de Radiodifusión, es algo totalmente anticuado, serán ocho, nueve artículos, los que regulan toda la actividad. No podemos quedarnos rezagados a la convergencia digital, el espíritu modernizador es clave en el debate que se está abriendo en el Uruguay”, añadió.
De acuerdo a la Organización No Gubernamental de origen francés, Reporteros Sin Fronteras (RSF), Uruguay ocupa el primer lugar en el índice de libertad de prensa en Latinoamérica. Y ahora, debate renovar su legislación a fin de combatir los monopolios informativos a través de una propuesta similar a la recientemente aprobada Ley de Medios Audiovisuales en Argentina.
El diez de octubre de 2009, el senado argentino ratificó la Ley de Medios audiovisuales, de la que destacan puntos como, la democratización y universalización de nuevas tecnologías de información y comunicación; el derecho inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones sin ningún tiempo de censura.
Además, la inclusión de Universidades Nacionales como titulares de autorizaciones para la instalación de servicios de radiodifusión; la asignación del 60 por ciento de tiempos de televisión abierta a la producción nacional; la operación de medios audiovisuales mediante un sistema de licencias con duración de diez años; entre otros.
En un orden de ideas similar, el documento base de la Dinatel uruguaya, señala que, “la regulación debe tener como objetivo garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación audiovisuales, dar previsibilidad y certeza jurídica a los operadores públicos, comerciales y comunitarios, asegurar la oportunidad para un acceso equitativo a los distintos soportes tecnológicos que permiten la comunicación, pero no debe tener como motivo y objetivo controlar y restringir el libre ejercicio de la actividad periodística y de los medios de comunicación”.
Lo que se busca -expuso Gómez Germano-, “es una ley para proteger y garantizar la libertad de expresión; promover y garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios; dar certeza jurídica a los operadores y proteger los derechos de las personas ante los medios, al tiempo que, se buscará que el gobierno no intervenga en la línea editorial de los medios, así como el no condicionamiento previo sobre la calidad o imparcialidad de las señales o programas”.
Añadió que, “los principios y contenidos fundamentales de la nueva ley son la diversidad y el acceso equitativo que define al espectro como patrimonio de la humanidad. La propuesta de ley reconoce, además, tres sectores de la comunicación audiovisual: comercial, comunitario y público”.
Otro punto -señaló el comunicador-, es el acceso equitativo a las infraestructuras, “el cual consiste en mantener reserva de al menos un tercio de las frecuencias digitales, así como universalizar el acceso a la televisión abierta y gratuita en todo el país”.
Sobre la concentración y centralización de medios, el documento detalla las disposiciones adecuadas y controles efectivos para limitar la concentración de medios, entre las que destacan: “desestimular la centralización de medios desde Montevideo, exigir y promover la inclusión de contenidos de programación local y, fortalecer la sostenibilidad e independencia de los medios locales del Interior”.
La referida propuesta también incluye aspectos sobre la competencia e industria audiovisual nacional; derechos de las personas, garantías para igualar las oportunidades para el acceso a los medios de comunicación electrónicos; la realización de un concurso público y no discrecionalidad para otorgar autorizaciones; fomentar la participación ciudadana para controlar la acción estatal, entre otros.
En tanto, Gabriel Kaplún, académico de la Universidad de la República y miembro del Comité Consultivo de la ley señaló que el documento final deberá tener en cuenta recomendaciones internacionales como de la UNESCO y la OEA.
De acuerdo al director de Dinatel, se espera que, para los meses de noviembre y diciembre de este año, el Ministerio de Industria haya elaborado el anteproyecto de ley, una vez que la discusión esté agotada. Y sería a inicios del 2011 cuando se presente la propuesta ante el Parlamento uruguayo.
Finalmente, cabe destacar que, el impulsor de esta propuesta, Gustavo Gómez, fue director del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC-ALC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe), coordinador del proyecto Base de Datos, Legislativa sobre Radiodifusión en América Latina (UNESCO-AMARC-ALER, 2002-2003) y fundador de la primera radio comunitaria “El Puente FM”, en Uruguay.
